ESTUDIO DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA REDACCION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

 

Lic. Ariel Castro M. Abogado Especialista en Derecho Tributario.

 

La creciente incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el quehacer público plantea importantes desafíos jurídicos, particularmente cuando se discute su utilización en la redacción de resoluciones administrativas por parte de los órganos resolutores de la Administración Pública. Esta práctica, aunque promueve la eficiencia y la estandarización de criterios, debe ser valorada a la luz de principios fundamentales del Derecho Administrativo, como el principio de motivación, la legitimidad del actuar administrativo, la protección de derechos fundamentales, la privacidad de la información y el rol insustituible del juicio humano.

El principio de motivación de los actos administrativos representa una garantía esencial del debido proceso y de la tutela efectiva. Las personas administradas tienen el derecho de conocer con claridad las razones de hecho y de derecho que sustentan la decisión de la Administración. En este sentido, el uso de herramientas automatizadas para generar resoluciones puede debilitar esta garantía si los algoritmos utilizados no permiten explicar, de forma comprensible y verificable, el razonamiento detrás de la decisión. La motivación no debe convertirse en una simple formalidad replicada por una máquina, sino que debe reflejar un ejercicio consciente de análisis jurídico y valoración técnica por parte del funcionario público competente.

A su vez, la legitimidad de los órganos administrativos descansa en que sus decisiones se fundamentan en un criterio técnico-jurídico imparcial, dictado dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias. El uso de IA para redactar resoluciones administrativas sin un control y supervisión adecuados puede erosionar esa legitimidad, ya que las personas administradas podrían percibir que sus casos están siendo resueltos por sistemas automatizados, sin una valoración individualizada de los antecedentes y sin un responsable que asuma el juicio sobre el fondo del asunto.

Además, se abre la puerta a eventuales violaciones de derechos fundamentales. Si los algoritmos utilizados presentan sesgos en su programación, o si replican patrones de decisión sin un análisis crítico, las resoluciones podrían incurrir en arbitrariedades o discriminaciones encubiertas. La Administración está obligada a observar los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, los cuales requieren un análisis contextual y ponderado que difícilmente puede ser reemplazado por un sistema automatizado sin juicio.

Otro aspecto sensible es la privacidad y la seguridad de la información. Las resoluciones administrativas a menudo se construyen sobre datos personales, tributarios, patrimoniales o financieros de los administrados, como en el caso de las resoluciones de carácter tributario. El uso de plataformas de inteligencia artificial implica un tratamiento automatizado de esta información, lo cual aumenta el riesgo de accesos indebidos, filtraciones o usos no autorizados. En materias sensibles como el procedimiento tributario determinativo o sancionador, por ejemplo, cualquier vulneración a la confidencialidad podría acarrear consecuencias graves tanto para el administrado como para la propia Administración.

Finalmente, es necesario advertir sobre el riesgo de un detrimento progresivo del juicio técnico y la experiencia humana. La función resolutiva dentro de la Administración Pública no solo requiere conocimientos normativos, sino también la capacidad de interpretar normas, ponderar principios, valorar pruebas y adaptar la solución a la realidad específica de cada caso. Si bien la IA puede ser útil como herramienta auxiliar para identificar precedentes o estructurar documentos, no debe reemplazar la función esencial del funcionario que razona, delibera y asume la responsabilidad jurídica del acto administrativo. La Administración Pública no puede renunciar a su rol deliberativo ni a su deber de actuar con justicia, legalidad y responsabilidad frente a los ciudadanos.